R.S. | IRUÑEA

La declaración de principios y voluntad presentada por la izquierda abertzale el sábado en Altsasu llega al Parlamento Europeo, y lo hace de la mano de Friendship. El grupo de apoyo creado en el año 2006 para respaldar un proceso de solución en Euskal Herria ha decidido volver a salir a la palestra ante los movimientos promovidos por el independentismo.

En una comparecencia realizada ayer tarde en Estrasburgo, Friendship dio a conocer una declaración en la que saluda «calurosamente» el documento de Altsasu. De ello se encargaron la europarlamentaria de Sinn Féin Bairbre de Brún y la letona Tatjana Zdanoka, de la formación Derechos Humanos en una Letonia Unida.

Friendship muestra altas expectativas tras la comparecencia realizada el sábado por más de un centenar de personas significativas de la izquierda abertzale. Considera que la declaración de Altsasu puede desembo- car en un proceso de paz. Y por ello anima a las instituciones europeas a que actúen en consonancia con la moción aprobada en octubre de 2006 en favor de un proceso de paz en Euskal Herria.

Cumbre y presidencia española

Friendship introduce en su declaración dos citas concretas que considera que pueden ser aprovechadas para impulsar un nuevo escenario en Euskal Herria. Por un lado, alude a la cumbre de jefes de Estado de la UE que se inicia hoy en Bruselas, y con motivo de ella pide que la Unión y los estados miembro presten atención al movimiento de la izquierda abertzale y recuerden el compromiso asumido en la histórica sesión de octubre de 2006.

Junto a ello, el texto leído por De Brún y Zdanoka recuerda que el Estado español asumirá la presidencia rotatoria de la UE en el mes de enero de 2010 y hasta junio del mismo año. Espera que «sea fructífera en la busqueda de una solución pacífica a este todavía existente conflicto». El llamamiento se produce en un momento en que el Ejecutivo español rechaza tajantemente cualquier negociación y en que acaba de promover nuevos encarcelamientos de dirigentes que impulsan declaraciones como la de Altsasu.

La declaración de este grupo de apoyo, que se había mantenido en silencio casi total en los dos últimos años, añade una petición concreta para que se libere a Arnaldo Otegi «y al resto de los arrestados por sus actividades políticas, incluyendo al ex europarlamentario Karmele Landa, cuya liberación ha sido demandada también por el grupo de trabajo de la UE sobre detenciones arbitrarias».

En el primer punto de la declaración, Friendship llama a todas las partes implicadas en este conflicto a que «respondan con responsabilidad ante la propuesta lanzada por la izquierda abertzale, y se comprometan en un proceso que se dirija hacia conservaciones de paz».

«Clara voluntad»

Antes de detallar estos cuatro puntos, Friendship expresa su acogida «calurosa» a la declaración de Altsasu, cuyo alcance se ha menospreciado en Madrid. De Brún fue preguntada por uno de los periodistas presentes sobre cómo puede hablarse de un futuro proceso de paz cuando los gobiernos de Madrid y Lakua han considerado irrelevante la declaración. La parlamentaria irlandesa respondió que la declaración de Altsasu «demuestra una clara voluntad de movimiento hacia una situación concreta. Requiere obviamente que otros actores y partes del conflicto, incluyendo gobiernos y actores internacionales, actúen con responsabilidad también. Pero el reconocimiento de que éste ha sido un paso importante llegará tarde o temprano».

Para estos europarlamentarios, el texto al que dieron lectura Txelui Moreno e Itziar Lopategi supone «un paso de gran importancia para alcanzar un escenario de paz en el País Vasco». En consecuencia, expresan «nuestro deseo de continuar trabajando a favor de la resolución del conflicto vasco».

«Compartimos la idea de que la única solución válida para todos es aquella que se logre a través de un acuerdo multilateral y que se base en el diálogo, en la utilización de vías pacíficas y democráticas, y que otorgue el derecho a los vascos a decidir libremente su futuro», indicaron De Brún y Zdanoka.

En el documento presentado el sábado, en el quinto aniversario de la presentación de la propuesta de Anoeta, Friendship valora sobre todo el compromiso de impulsar «un proceso democrático» que se desarrolle «en ausencia de violencia y sin injerencias», así como la apuesta por basar ese proceso en los conocidos «principios Mitchell» que llevaron a la solución política en el norte de Irlanda.

1. Apela «a todas las partes» para que «respondan con responsabilidad» ante la iniciativa de la izquierda abertzale y se impliquen en un proceso que lleve a «conversaciones de paz».

2. Invita a los estados europeos para que actúen conforme a la declaración por un proceso de paz (2006) y a Madrid para que aproveche para ello su próxima Presidencia de la UE.

3. Se adhiere a la idea de que la única solución válida pasa por el acuerdo multilateral y por el diálogo y las vías pacíficas y democráticas, y que otorgue el derecho a decidir a los vascos.

4. Emplaza a la liberación de Arnaldo Otegi y el resto de encarcelados por sus actividades políticas, con mención especial para Karmelo Landa como antiguo europarlamentario.

Al mismo tiempo que Friendship reclamaba la liberación de Arnaldo Otegi, la Audiencia Nacional confirmaba que estará también en prisión por otra segunda causa añadida a la que se abrió con su detención del pasado 13 de octubre. Como había propuesto la Fiscalía, se ordena que esté en la cárcel por el sumario de las herrikos, en el que está a la espera de juicio junto a otros 40 independentistas.

La decisión no tiene trascendencia a efectos prácticos, dado que el juez Garzón ya confirmó el encarcelamiento por la última causa rechazando el recurso de la defensa. Pero en términos políticos, constata la voluntad de fiscales y jueces de impedir la excarcelación del dirigente independentista. Técnicamente, el argumento es que el auto de Garzón de octubre dice que Otegi salió de territorio estatal dos veces, con lo que quebrantó las prohibiciones impuestas en el caso de las herrikos.

GARA

Los partidos políticos y los gobiernos suelen tener pánico a la autocrítica. Por eso en su gran mayoría reclutan a gente dócil, adocenada y servil que no esté dispuesta a poner su puesto en peligro por decir una verdad incómoda. Ésta es, entre otras, una de las razones de la falta de credibilidad de la clase política. Pero normalmente ese miedo a la autocrítica se da cuando ésta la hacen los del propio bando, no cuando la realizan los adversarios. Por eso resulta chocante saber que lo que ha generado pánico en los poderes del Estado español es, precisamente, un documento de trabajo destinado a las bases de la izquierda abertzale en el que, junto a una aclaración estratégica y de línea política, se realiza una autocrítica fundamentada y radical enfocada a recomponer las bases no sólo de ese movimiento político, sino del independentismo vasco en general.

El documento al que GARA ha tenido acceso y del que hoy publica algunas claves muestra una lectura alejada de la autocomplacencia habitual en las cúpulas de los partidos políticos. Se trata de un documento de debate de calado, que ofrece una visión retrospectiva sobre la historia de la izquierda abertzale y una estrategia de futuro dinámica y gradual para lograr sus objetivos tácticos -un marco democrático- y estratégicos -la independencia de Euskal Herria y el socialismo-. Evidentemente, quienes no compartan esos objetivos no compartirán sus tesis. Pero difícilmente podrán defender que no se trata de un documento sólidamente razonado y con elementos interesantes. Quizá no dice lo que ellos querrían que dijera, pero eso es normal. Pretender que el otro diga lo que uno quiere que diga es puro dogmatismo.

Por encima de la media de otros países de su entorno, en Euskal Herria la política es una pasión compartida por personas de diferente ideología e identidad que ven en ella el mejor modo de resolver los conflictos. Frente a ellos se sitúan un Estado y un stablishment que aborrecen la política y que sólo utilizan su poder e influencia para tomar decisiones ajenas a los intereses de la sociedad. Se hacen llamar políticos, pero tienen pánico a la política, a la democracia. Se empeñan en llamar a quienes no piensan como ellos «terroristas», pero son políticos.

Precisamente hoy, en un momento en que el Gobierno del PSOE endurece al máximo su posición contra una salida dialogada en Euskal Herria con las últimas detenciones como máximo exponente, se cumplen tres años de la resolución del Parlamento Europeo que apoyaba el proceso de negociación abierto en 2005 y clausurado sin acuerdo.

Aquella sesión del 25 de octubre de 2006 fue considerada como la prueba de que el conflicto vasco había entrado definitivamente en la agenda europea. El fin de aquel proceso no ha hecho que las instituciones internacionales se desentiendan, aunque lógicamente las iniciativas posteriores han estado unidas a los avatares del conflicto armado y no a las expectativas de paz. Como ejemplo queda la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de dar por buena la ilegalización de Batasuna -sentencia a la espera de recurso-, pero también las dudas sobre todo el conjunto de la legislación especial española expresadas hace unas semanas en Leioa por el Relator de la ONU, Martin Scheinin, o la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que ha establecido esta semana que no se puede detener a alguien sólo por ser de Batasuna. Todo ello confirma que son muchos los ojos que siguen puestos sobre Euskal Herria.

Técnicamente, aquella sesión estuvo a punto de finalizar en un fracaso sonoro, en un momento en que el proceso de negociación empezaba a languidecer. Salió adelante sólo por diez votos de diferencia (321 frente a 311) después de que las dudas del PSOE fueran descafeinando el texto y de que el Estado español adoptara iniciativas como la de procesar a más de 40 dirigentes de la izquierda abertzale. De víspera también se produjo el robo de 300 pistolas en Nimes atribuido a ETA. Sin embargo, para Euskal Herria marcó todo un jalón, y de hecho varios miles de personas acudieron a Estrasburgo para hacer presentes las ansias de solución de los vascos.

El Ejecutivo español echó tierra rápidamente sobre aquella resolución. A día de hoy, José Luis Rodríguez Zapatero sigue apoyando procesos de diálogo en el mundo (lo acaba de hacer en Israel y Palestina ). Sólo hace una excepción: Euskal Herria. R.S.-I.I.

Ramón SOLA - Iñaki IRIONDO | IRUÑEA

La existencia de estas reuniones era un secreto a voces que el pasado sábado confirmó, aparentemente de modo no intencionado, el ministro de Interior español en la Cadena Ser. Fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien telefoneó a la emisora para pedir paso ante la polémica abierta por las detenciones de Arnaldo Otegi y sus compañeros y por la decisión del PNV de acudir a la manifestación que se celebraba horas después en Donostia. En este contexto, Rubalcaba incidió en que con ello los jelkides apoyan una «estrategia político-militar», y en este punto dejó caer que «eso lo sabe el PNV, entre otras cosas porque yo se lo he explicado».

La implicación jeltzale en esa respuesta social ha molestado mucho a Rubalcaba, puesto que el ministro lleva ya tiempo en el empeño de conseguir que partidos vascos y medios de comunicación hagan oídos sordos a cualquier iniciativa renovadora que la izquierda abertzale pudiera poner en marcha.

Los «avisos» de Rubalcaba han sido en realidad un intento de alinear tanto a partidos como a medios de difusión, y quizás también a otros agentes, en una estrategia basada en negar cualquier opción de diálogo, con la pretensión de que ello condicione la toma de decisiones de la izquierda abertzale y siembre dudas sobre la viabilidad de una apuesta por las vías exclusivamente políticas.

Pero los hechos posteriores demuestran que el ministro de Interior no ha encontrado respuestas positivas de todos aquellos con los que se ha citado. Ya en agosto, cuando Rubalcaba amenazó con no legalizar nunca a la izquierda abertzale y con cerrar definitivamente esa vía, portavoces jelkides le recordaron que el «final dialogado» es un concepto presente en todos los pactos anti-ETA, empezando por el de Ajuria Enea, además de en la resolución del Congreso de mayo de 2005.

Ramón SOLA- Gari MUJIKA |

La bahía de La Concha se asemeja a un bumerán en su forma. Y ayer, lo fue más que nunca. Una movilización masiva e inusitada por su composición devolvió el golpe, en respuesta a unas detenciones que han sido interpretadas unánimemente en Euskal Herria como un ataque contra las opciones de cambio de escenario. El Gobierno español decidió llevarse a nueve representantes de la izquierda abertzale el martes y, en sólo cuatro días, ayer se encontró con más de 37.000 abertzales unidos en las calles por primera vez en mucho tiempo.

La manifestación desbordó las previsiones de la mayoría sindical vasca, que era la convocante. También las del Gobierno español, cuyo ministro de Interior apareció ayer desconcertado por la lluvia de adhesiones. Y las de los medios madrileños: Efe habló de «multitudinaria manifestación»; ``El Mundo'', de «decenas de miles de personas»... En realidad, el acto lo desbordó todo, también el control instalado por la Guardia Civil en Zarautz -sólo sirvió para molestar-, el reloj -casi a las 18.00 seguía saliendo gente- y la ciudad entera -el recorrido se abarrotó casi de inicio a fin, desde el túnel de Ondarreta hasta el Boulevard-.

Hay que remontarse siete años, hasta el cierre de ``Euskaldunon Egunkaria'', para encontrar una movilización similar en la capital guipuzcoana. La marcha partió con puntualidad británica, a las 17.00, y desde el túnel no dejarían de partir manifestantes hasta las 17.57, en una romería interminable. Sólo nueve minutos después de ello, a las 18.06, la cabecera llegaba a la meta del Boulevard para dar inicio al acto final. Sobra decir que más de la mitad de los manifestantes no llegaron ni a acercarse a este punto. Y lógicamente no existe una sola imagen en que se vea a todos los participantes, ya que cuando los últimos estaban aún en La Concha los primeros ya habían doblado varias curvas hasta llegar a la parte final.